42 años del Golpe: reflexiones en ocasión del “Juicio a Ford”

Por Alejandro Jasinski

El juicio “FORD” en el cual se juzga la responsabilidad de los ex directivos de la automotriz estadounidense en crímenes de lesa humanidad, revela uno de los costados menos conocidos de la última dictadura cívico-militar: la responsabilidad en el proceso represivo de los representantes inmediatos del capital . Si la gran mayoría de los detenidos-desaparecidos fueron trabajadores, activistas sindicales y delegados de fábrica se explica porque las grandes empresas necesitaban imponer “orden”. Una necesidad del capital que hoy se renueva, bajo otros discursos y en otras condiciones. 

 

Por Alejandro Jasinski

El autor es historiador y periodista. Fue uno de los coordinadores e investigadores del informe “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado” y es autor de “Revuelta obrera y masacre en La Forestal: sindicalización y violencia empresarial en tiempos de Yrigoyen”.

 

 

1. En los últimos años, hemos profundizado nuestro conocimiento sobre distintos aspectos de la última dictadura que asoló nuestro país. Uno de ellos es el rol que cumplieron sectores empresarios en la política represiva del Estado terrorista. El informe Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad ha aportado en este sentido al estudiar la combinación de las prácticas represivas de fuerzas de seguridad y armadas y los sectores empresarios en los territorios fabriles, apuntada contra los trabajadores. El estudio de veinticinco casos, encontrando un patrón de prácticas empresariales represivas permitió identificar una estrategia de disciplinamiento anclada en el terrorismo de Estado que fue común a un sector del empresariado nacional y extranjero.

2. Hay problemas, sin embargo, que todavía adolecen de una conceptualización precisa. Estamos acostumbrados a leer artículos y libros y ver documentales que enfocan en los procesos de violencia durante los años sesenta y setenta del siglo XX: de las guerrillas, del estado, de los obreros, del pueblo (azos), de las organizaciones paraestatales, de las religiones, etc. Resulta curioso que no exista una conceptualización que nos hable de la violencia empresarial. Y es un desafío que tiene que abordarse desde diferentes ángulos y disciplinas. ¿Estamos en condiciones de avanzar por este terreno y poner de relieve una violencia que en sus facetas más extremas han cruzado las fronteras de los crímenes contra la humanidad? ¿Qué nos podría aportar una conceptualización de este calibre en relación a prácticas empresariales bajo contextos no dictatoriales?

3. Uno de los casos más resonantes sobre violencia empresarial en la época del terrorismo estatal en Argentina es el de la automotriz de origen estadounidense Ford Motor. No sólo por las prácticas represivas en la empresa, siendo el caso más extremo el de la instalación de un centro clandestino de detención y tortura en el propio predio fabril de General Pacheco, sino por el hecho de que es el único caso en Argentina que se encuentra en juicio oral y público. Después de la reciente anulación en la Cámara de Casación de la sentencia impuesta al empresario Marcos Levin, el caso de Ford resulta oportuno para evidenciar en el terreno judicial lo que en el campo de las ciencias sociales o de la historia cabe describir genéricamente como la relación de la política represiva del Estado y el despotismo del capital.

4. El “Juicio a Ford” comenzó tras cuatro años de espera. Se lleva adelante en el Tribunal Federal Nº 1 de San Martín. La primera audiencia tuvo lugar el pasado 19 de diciembre de 2017 y a esta fecha ya han declarado cuatro ex trabajadores, víctimas de la represión. Fueron entonces veinticuatro obreros secuestrados, torturados y desaparecidos. La acusación no recae contra la empresa, sino contra las personas, funcionarios empresariales, responsables por lo que sucedía en la empresa: en este caso, se trata de dos altos directivos, Pedro Müller, gerente de manufactura, de ochenta y ocho años, y Héctor Sibila, militar retirado del Ejército y jefe de seguridad de la planta, de noventa y dos. El presidente de entonces, Nicolás Courard, y Guillermo Galarraga, gerente de relaciones laborales, se encuentran fallecidos. Además de los dos directivos, se encuentra imputado Santiago Omar Riveros, uno de los peores criminales del hampa militar genocida, oficial responsable del área militar centrada en Campo de Mayo, en el norte del conurbano bonaerense.

5. El juicio encontró eco fuera del país. La organización no gubernamental Business & Human Rights, que informa diariamente sobre el tratamiento de los derechos humanos en siete mil empresas de más de ciento ochenta países, publicó las novedades del juicio. En el caso de la prensa, Le Monde intituló “Argentine : d’ex-dirigeants de Ford jugés pour complicité avec la dictature militaire”, y El País de España señaló: “Juicio a Ford Argentina por convertirse en centro de detención de la dictadura” y explica que se trata de un “caso histórico”. RT encabezó un informe con el título: “Argentina: Ex directivos de Ford van a juicio por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura”. La importante revista mexicana de negocios Expansión -en fusión con la CNN-, habla de “juicio emblemático”. France24 señala que “Ex directivos de Ford a juicio por torturas durante dictadura argentina”. En Argentina, sin embargo, la difusión fue masiva en medios alternativos y prácticamente inexistente en medios de alcance nacional.

6. En ningún caso se pudo informar la posición oficial de la compañía: silencio. Silencio de los imputados. En la primera audiencia de este año, asistieron Müller, Sibila y Riveros. Los ex directivos, cada uno a su turno, se sentaron de cara a los jueces. El presidente les explicó con voz alta y clara, y con gran contundencia pedagógica, que tenían el derecho de no declarar. Con estilos diferentes, ambos se negaron y adelantaron que no irían a presentarse a las siguientes audiencias, cuando comenzaran a declarar los ex trabajadores, víctimas, testigos y familiares. En diciembre de 2012, citados a indagatoria, Galárraga -entonces vivo- y Müller ya habían optado por no declarar. Sibilla, en cambio, desconoció la existencia de detenciones dentro de la fábrica, aunque confirmó que para garantizar la seguridad se había contratado a una agencia de vigilancia integrada por oficiales militares retirados.

7. También, silencio de la empresa. La prensa extranjera destacó la negativa de la compañía a brindar una comunicación oficial sobre el caso. Pero el silencio tiene larga trayectoria: en 1985, el presidente de Ford, Courard, respondió por escrito que no brindaría información ni permitiría la compulsa de archivos y libros societarios, y hace varios años, cuando se difundió internacionalmente la denuncia de ex trabajadores, el entonces gerente de relaciones institucionales de la empresa, Jorge Di Nucci, desmintió que hubieran funcionado en el predio de la empresa centros de detención. En 2006, la BBC ya señalaba: “La compañía se rehusó hasta ahora a comentar sobre el caso. Pero, en el pasado, rechazó categóricamente que hubieran tenido lugar abusos en sus fábricas”. En 1976, mientras los trabajadores eran secuestrados y torturados en el mismo predio fabril, la empresa enviaba telegramas a los familiares de las víctimas, intimando a éstas a presentarse a sus puestos laborales. Era la única -y cínica- comunicación oficial entonces sobre los desaparecidos de Ford.

8. El 20 de mayo de 2013 la jueza federal Alicia Vence procesó a los ex directivos de Ford como partícipes primarios de los secuestros y tormentos de veinticuatro trabajadores, todos delegados o activistas gremiales. Müller, Sibilla y entonces también Galárraga fueron responsabilizados por haber entregado al Comando de Institutos Militares datos personales y fotos de empleados que luego fueron secuestrados, y por “haber permitido que se montara un centro de detención en el interior del predio de esa fábrica, en los sectores del Campo Recreativo y/o de Deporte, para que en sus dependientes fueran interrogados”. Vence precisó en el auto de procesamiento que los trabajadores fueron golpeados, maniatados e imposibilitados de ver a sus victimarios en la misma fábrica, e indicó que Ford aportaba recursos y apoyaba a la dictadura “a cambio de la limpieza de los elementos que le impedían sojuzgar al personal y avasallar sus derechos laborales obtenidos”. Según su interpretación, los aportes de los gerentes “fueron esenciales” para materializar los secuestros. Entonces sí, La Nación informó sobre el procesamiento, pero interesadamente afirmó: “Una juez procesa a ex directivos de una empresa por delitos de la dictadura militar”. Subrayo: delitos de la dictadura militar.

9. Ante el silencio de los ex directivos y de la propia empresa, quienes no guardan silencio son los ex trabajadores. Esperaban con ansias de décadas el momento de hablarle a un tribunal y a quien quisiera escuchar. Y empezaron. Primero fue Pedro Troiani. Le siguió Carlos Propato. Y siguen. Troiani fue uno de los primeros ex trabajadores en denunciar a Ford. Lo hizo en 1984, ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), junto más de veinte ex compañeros. En octubre de aquel año, el titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Eduardo Rabossi, presentó ante la justicia civil la primera denuncia, pero ésta fue trasladada a la justicia militar, donde durmió por unos cuantos años. En 1998, insistieron ante el juez Baltasar Garzón, a través de la presentación realizada por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). En 2002, Troiani declaró ante la Cámara Federal de La Plata, en los llamados juicios por la verdad. Luego de escucharlo, el fiscal Félix Crous inició una denuncia contra los ex directivos de Ford. Por aquellos años, se inició una denuncia en Estados Unidos que no prosperó, y una demanda civil que alcanzó éxitos parciales. La causa se reabrió en septiembre de 2003, luego de que el Congreso declarara la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida.

10. Las primeras declaraciones de ex trabajadores fueron muy extensas, cargadas de tensión. Troiani declaró por más de cuatro horas. Propato mucho más. Ambos respondieron las preguntas de los abogados querellantes, de la fiscalía, las inquietudes de los jueces y enfrentaron los incisivos cuestionamientos de los abogados defensores, cuya estrategia radica en responsabilizar al sindicato (SMATA) en lugar de la empresa, indicar que los empresarios también fueron víctimas del avasallamiento militar y señalar sin cesar contradicciones en las declaraciones de las víctimas y testigos en relación a otras declaraciones realizadas diez, veinte y hasta treinta años atrás. Las querellas intentan demostrar no sólo que los ex directivos participaron de la represión de diferentes formas, sino también en señalar la profunda relación entre las prácticas represivas y las necesidades productivas: recuperar el orden fabril, hacer valer la autoridad de la empresa y eliminar los obstáculos que impedían una acumulación más intensa del capital, léase, impedían achicar el costo laboral y aumentar los ritmos de producción.

11. El informe Responsabilidad Empresarial en Delitos de Lesa Humanidad encuentra procesos similares en otros países del subcontinente. En Brasil, la Comisión Nacional de la Verdad que finalizó sus tareas a fines de 2014 constituyó un grupo de trabajo específico sobre empresas y trabajadores donde se puso de relieve la existencia de lo que denominamos prácticas empresariales represivas y, en parte a raíz de ello, la fiscalía comenzó a investigar uno de los casos más resonantes: lo sucedido en la automotriz transnacional Volkswagen. En Colombia, ha comenzado a suceder algo similar a raíz del proceso de paz que viene teniendo lugar y la instalación de una Comisión de la Verdad. Algunos empresarios han lanzado el proyecto “Los empresarios y la verdad” que básicamente se propone consultar hacia el interior de su corporación: “¿Cómo quieren las empresas que sea recordada su participación en el conflicto?”, interpelando a los empresarios a responder las acusaciones vertidas en diferentes denuncias e investigaciones de organizaciones no gubernamentales y llevadas adelante en algunos casos por carriles judiciales. Con intenciones más globales, este proyecto de un sector del empresariado colombiano se propone guiar a sus pares en una gestión más responsable en derechos humanos, de acuerdo a los principios adoptados en esta materia por las Naciones Unidas. Un reciente informe realizado por investigadores de la Universidad de Oxford y la organización Dejusticia, destacan la responsabilidad de empresas en el conflicto armado colombiano, subrayando el financiamiento de grupos paramilitares y el ataque llevado adelante contra trabajadores y sindicalistas.

12. Las violaciones a los derechos humanos por parte de las empresas no constituyen una problemática novedosa, sin embargo, se encuentran como nunca antes en el foco de denuncias e investigaciones en todo el mundo. Estas violaciones, las graves y los delitos de lesa humanidad, se constituyen como las prácticas más extremas de lo que puede entenderse como violencia empresarial, particularmente, una estrategia empresarial de rentabilidad basada en la exacción violenta del trabajo. Lo que evidencia Ford ocurrió bajo regímenes dictatoriales, sin embargo, se trata de prácticas que trascienden la trama estatal aunque cobran un carácter de violencia inusitada cuando se implican en ésta. La violencia para los empresarios constituye un recurso a la hora de resolver los problemas de acumulación, y aunque no es el único, pues hay que señalar el rol del consenso en el sistema hegemónico, no hay que permitir que quede velado el rol nunca extinto de la violencia empresarial en los procesos sociales. El “Juicio a Ford” viene en buena medida a llamar la atención de esta problemática, en su caso más extremo, pero también si se quiere en su brutal normalidad.

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