Ni corta ni larga: una política para fomentar el negocio y favorecer a los aliados

[Por Adrián Pulleiro *]

El 4 de julio el Sanado Nacional dio media sanción a la llamada Ley Corta de telecomunicaciones. Con esta iniciativa el oficialismo demostró, una vez más, cuál es su horizonte en términos de políticas que regulan las comunicaciones: en nombre de la competencia y la innovación tecnológica, dio un nuevo paso para despejarle el camino al oligopolio que domina ese ámbito en nuestro país desde hace dos décadas.

La media sanción de la norma, que en lo fundamental habilita a las telefónicas a brindar TV satelital, deja mucha tela para cortar. Al menos, dos planos ameritan un análisis urgente. Por un lado, supone una medida compensatoria, sobre todo hacia Telefónica, luego de que el Enacom y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia aprobaran la fusión entre el Grupo Clarín y Telecom. También llama a interpretar cómo se movieron quienes jugaron como aliados del oficialismo en el Senado, dado que el proyecto contó con el apoyo (por acción o por ausencia) del interbloque justicialista Argentina Federal y otros bloques que responden a gobernadores peronistas.

Por otro lado, es una norma que es necesario enmarcar en toda una serie de acciones que, lejos de componer una sucesión de imprevistos e improvisaciones, hablan de una orientación contundente para el sector, puesta en marcha desde la asunción misma de Mauricio Macri en diciembre de 2015. En este texto nos enfocaremos en este último aspecto.

El panorama de las comunicaciones en la Argentina actual

Para no caer en una visión excesivamente estadocentrista o politicista hay que decir que, en la Argentina, el escenario infocomunicacional (medios tradicionales + telecomunicaciones y tecnologías digitales) sufrió cambios significativos en los últimos dos años y medio fruto de diversos fenómenos.

Se pueden destacar, al menos, tres elementos de carácter más coyuntural que se combinan con una serie de tendencias más globales y estructurales. En primer lugar, la crisis o desintegración de los medios privados que orbitaron en torno al kirchnerismo y que se desarrollaron dependiendo fundamentalmente de la pauta oficial. En segundo lugar, una tendencia al vaciamiento de los medios estatales (incluyendo el proyecto de la Televisión Digital Abierta), que tuvo en los recientes despidos masivos en la Agencia Telam un indicador brutal. Tercero, la ofensiva del Grupo Clarín, que en este tiempo se ha expandido hacia las telecomunicaciones a partir de la compra de Nextel y de la mencionada fusión con Telecom.

Este último hecho no ha tenido la atención que se merece. Además de constituirse como la tercera empresa de mayor facturación en el país, la unificación de esa telefónica con Cablevisión y Fibertel –operadoras de Clarín en la TV por cable y en el servicio de internet respectivamente– va a representar una situación de concentración inédita en la provisión de servicios de telecomunicaciones y de difusión de información y productos culturales. En concreto, sumará en total unos 30 millones de clientes que, desglosados por servicio, significan el 38% de la TV por cable (en la Argentina alrededor del 80% de los hogares están canectados); el 68% de las conexiones fijas a internet y el 40 de las móviles; el 41% de la telefonía fija y el 30% de la móvil[1].

Estos tres fenómenos tienen lugar en un contexto caracterizado, a su vez, por la crisis del papel central que han venido jugando los medios de comunicación tradicionales, desde los audiovisuales hasta los impresos, producto de la expansión de las nuevas tecnologías –fundamentalmente de internet- y su correlato en materia de nuevas plataformas de contenidos, nuevos hábitos de consumo y nuevas prácticas de recepción. Esto está teniendo un capítulo especial en lo que hace al periodismo, en donde se viene dando un reacomodamiento que está en pleno desarrollo.

De esta manera, en el caso argentino, los cambios en el sistema infocomunicacional responden a diversas razones. A la dinámica de crisis de los medios tradicionales producto de la expansión de las plataformas virtuales para la producción y la difusión de productos audiovisuales y formatos informativos, hay que sumarle el cambio de políticas que supuso el cambio de gobierno y, en ese marco, las nuevas estrategias de los principales actores del sector que han encontrado condiciones para pasar a una etapa de ofensiva.

Los hitos del macrismo

Las principales medidas del gobierno de Cambiemos son bastante conocidas. Sin embargo, resulta interesante reconstruir esa serie para percibir cómo, más allá de algunos titubeos e incluso pasos en falso, la orientación del macrismo hacia el sector es categórica.

Ni bien asumido, en diciembre de 2015, a través del DNU 267 el oficialismo barrió con los aspectos más relevantes de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada en 2009. El decreto creó una nueva autoridad dependiente del Poder Ejecutivo (Enacom), flexibilizó los límites a la concentración de licencias y las extendió automáticamente por cinco años más (abriendo la posibilidad de nuevas prórrogas de manera ilimitada), otorgó estatus de “Tecnologías de la Información y la Comunicación” a la televisión por cable menguando sus requisitos y regulaciones en materia de contenidos, puso fecha (2018) para que los operadores de telefonía fija y móvil puedan proveer TV por cable (algo que ya habilitaba la Ley Argentina Digital de 2014) y habilitó a los multimedios a prestar telefonía y datos. El gran beneficiario de esos cambios fue claramente el Grupo Clarín, que de tener que iniciar un proceso de desinversión –según lo establecido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual– pasaba a estar en condiciones de expandirse al campo de la telefonía y estiraba el tiempo de entrada de las telefónicas en el mercado de TV paga.

Un año más tarde, en diciembre de 2016, Macri firmó el DNU 1340 con el objetivo de darle un marco normativo concreto a las directivas referidas a la convergencia entre los servicios de comunicación audiovisual y las telecomunicaciones. En ese texto se establecía que las empresas de telecomunicaciones podrían brindar TV paga (por cable, pero no satélite) desde enero de 2018 en ciudades con más de 80.000 habitantes –amparando así a los cableros de ese tipo de localidad– y habilitaba al Grupo Clarín a ofrecer servicios de telefonía móvil con la licencia de Nextel.

En tanto, DirecTV quedó habilitada a ofrecer internet por satélite, algo que ya hacía de hecho desde hace un tiempo. Por último, el decreto estableció que los operadores que construyeran redes de nueva generación tendrían el privilegio de protección de la “última milla”. Es decir, la conexión al hogar –lo que en los hechos actúa como un bloqueo de la competencia en el eslabón de la comercialización final– por un plazo de 15 años (algo inédito en el mundo). De esta manera, con este segundo decreto el gobierno de Cambiemos volvió a trazar condiciones importantes para el desarrollo del sector. Esta vez tratando de ser más equilibrado, aunque siempre pensando en facilitar el despliegue de los actores más grandes.

Una mención especial merecen los medios populares, alternativos y comunitarios, un sector heterogéneo que desde la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual contaba con mejores condiciones formales, dado que había logrado la posibilidad del reconocimiento legal y diversas vías de financiamiento y acceso a recursos tecnológicos. Si bien no puso en marcha ninguna medida legal que empeorara directamente su situación (salvo la disolución del Consejo Federal Asesor en el que tenían representación), la actual gestión dilató la entrega y subejecutó los recursos correspondientes al Fondo de Fomento Concursable de Comunicación Audiovisual  (Fomeca) y llevó a cabo varios decomisos a medios que no contaban con permisos legales. En ese marco, hay que reconocer que más allá de las dilaciones, el Enacom completó procesos de legalización a través de cuales canales y radios comunitarias obtuvieron permisos para explotar sus frecuencias (son los casos de las televisoras Barricada, de CABA y Pares, de Luján, y de FM de La Calle, de Bahía Blanca).

La Ley corta 

La “Ley de Fomento de despliegue de infraestructura y competencia TIC” consta de 13 artículos. Elaborada por el Ejecutivo y con una serie de modificaciones puntuales que estiran los plazos de aplicación de las disposiciones más importantes, fue aprobada en el Senado y enviada a la Cámara de Diputados.

Centralmente, con esta norma las operadoras de telecomunicaciones (Telefónica, Telecom y Claro son las más grandes y dominan casi el 90 por ciento de la telefonía fija y casi el total de la móvil[2]) quedan habilitadas para brindar televisión satelital y ofrecer un paquete de servicios que integra la telefonía fija y móvil, la conexión a internet de banda ancha y la televisión por suscripción (satelital o por cable). En términos concretos, luego de la aprobación de la fusión Cablevisión-Telecom, la ley permitirá a Telefónica y a Claro estar en mejores condiciones para disputar en un mercado convergente en el que el Grupo Clarín tiene todas las de ganar por la infraestructura que supone la sumatoria entre su empresa de TV por cable y su operadora de telefonía.

A su vez, se trata de una ley que otorga ventajas sin distinguir el peso específico de las empresas, su capacidad de inversión y las posiciones dominantes en los distintos segmentos del mercado infocomunicacional, con lo que perjudica a las medianas y pequeñas, a las cooperativas y, potencialmente, al sector comunitario. El texto sostiene que los operadores de telecomunicaciones y TICs deberán facilitar su “infraestructura pasiva” (postes, torres y ductos) para ser compartida con “otros licenciatarios, para el despliegue de sus redes”, por medio del establecimiento de convenios. Y fija que será el Enacom la instancia que resuelva los casos de eventuales conflictos. Esto significa que los principales beneficiarios de la ley, que ya cuentan con un peso mayoritario en la asignación del espectro radioeléctríco para brindar otros servicios y poseen extensas redes troncales puedan utilizar las infraestructuras locales –en su mayoría de operadores pymes y cooperativos– para ofrecer sus nuevos servicios de TV, aprovechando la inversión inicial que hicieron esos actores.

Por otro lado, a raíz de las negociaciones emprendidas en las últimas semanas en las que participaron las asociaciones que reúnen a los actores pymes y las cooperativas que son clave en las ciudades menos pobladas del país, se introdujeron cambios que alargan los plazos para que las  grandes empresas de telefonía puedan prestar servicios de radiodifusión y TV satelital. Dos años para Buenos Aires, Córdoba y Rosario, dos años y medio para las ciudades de más de 100 mil habitantes y tres y medio para las de menos de 80 mil.

Dicho esto, hay que agregar algunas cosas. La Ley corta desconoce las diferencias que existen entre la TV por cable y la TV satelital, por ejemplo el lugar que tiene en una y otra la producción local, y con ello la inserción en los territorios y la cantidad de puestos de trabajo que cada una genera. Tal como se desarrolla actualmente, la TV satelital es más bien regional y global. El escenario planteado profundiza el fenómeno que se ha generado en las últimas dos décadas con la expansión de las grandes operadoras de cable: el desplazamiento de la producción local a espacios cada vez más marginales en las programaciones. Esto es más grave aún en un país como el nuestro, caracterizado por una notable centralización de la producción audiovisual en Buenos Aires. Por otro lado, la ley relega cualquier tipo de capacidad regulatoria sobre los contenidos de la TV satelital (señales nacionales y locales, cuotas por origen, etc.), tal como está previsto todavía por ley para la TV por cable y las obligaciones en la prestación en cuanto a cobertura y tarifas.

El sistema de medios, telecomunicaciones y tecnologías digitales en la Argentina constituye una estructura hiperconcentrada, crecientemente extranjerizada, geográficamente centralizada, pero también conserva un nivel de heterogeneidad que la ley ignora. Si bien el factor concentración es determinante, los distintos sectores tienen margenes diversos. Concretamente, en la telefonía movil se da el mayor índice de concentración, mientras que en la TV por cable y la provisión de internet existe una mayor diversidad de actores pymes y cooperativas[3].  En suma, si la Ley de Fomento de despliegue de infraestructura y competencia TIC entra en vigencia, las asimetrías existentes en el sistema infocomunicacional no harían más que agudizarse.

La cruda realidad  

Con el macrismo en el gobierno hay algo que está claro: tanto el discurso como la orientación de la política hacia el sector de las comunicaciones cambian profundamente. Las políticas de comunicación durante los gobiernos kirchneristas son objeto de un balance abierto que tendrá un saldo distinto según se haga hincapié en una dimensión simbólico-cultural (los sentidos comunes sobre los medios y el periodismo), en el aspecto regulatorio (el marco legal que legaron) o en el  fáctico (las modificaciones concretas en el sistema de medios y Tics). De todas formas, el cambio de paradigma salta a la vista.

Atrás quedó todo rasgo vinculado al ejercicio del derecho a la comunicación, en tanto derecho de los pueblos a ejercer su soberanía y su autonomía como sujeto político. Tal como sucede en otros órdenes, con un discurso basado en las bondades de la inversión privada se postula, por un lado, que ese hecho generará por sí mismo un aumento en la innovación y una mejora en el acceso a las nuevas tecnologías de la comunicación y la información por parte de la población. Al mismo tiempo, en nombre de la competencia, no se hace más que garantizar niveles de rentabilidad para los actores más poderosos, profundizando la concentración de la propiedad. En última instancia, el propio presidente utilizó la metáfora del “Estado jardinero” para describir sus propósitos: el Estado debe cortar el pasto y mantener la cancha en condiciones para que los grandes jugadores solo tengan que dedicarse a hacer los goles.

Toda apelación a la cuestión del interés público y la garantía de la libertad de expresión –que pone en duda la existencia de todo oligopolio mercantil– se encuentra ausente en el imaginario oficial. El gobierno de Cambiemos y los principales grupos del sector se pusieron como objetivo de mínima un retorno al escenario pre 2009. Hasta ahora no sólo alcanzaron la meta sino que incluso han logrado trascenderla, y la fusión Clarín-Telecom es la muestra más acabada de ello.

Entre los sectores que forman parte del bando perdedor de este nuevo estado de cosas quedan planteados múltiples desafíos. El primero consiste en retomar la iniciativa y apostar a las articulaciones. No resignarse y volver a poner las mayores expectativas y esfuerzos en los resultados de la acción colectiva. Este elemento es un aspecto central del balance que hay que hacer del período anterior; sólo las experiencias que sostuvieron ese criterio como rector de su práctica pudieron seguir en pie e incluso fortalecerse.

A su vez, el debate que se avecina en Diputados sobre la Ley Corta requiere una respuesta urgente. Queda pendiente intentar abrir la discusión lo más posible en el espacio público, para lo que resulta imprescindible romper con el mito que une tecnologías y neutralidad. Como pasa en cualquier actividad, si no regula el Estado y si no hay participación de los sectores involucrados, la propiedad (y todo lo que deriva de ella) es regulada por los actores más potentes del mercado. Hay una tarea de articulación en que las universidades, los medios comunitarios, las cooperativas, los sindicatos y los movimientos populares tienen que jugar un papel relevante como lo hicieron en los años previos a la sanción de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

El debate está en marcha y si bien lo más urgente es intentar construir una resistencia efectiva, para  encarar esa batalla con alguna posibilidad de éxito es imprescindible partir de la disyuntiva crucial que existe entre la mercantilización y la democratización de la cultura y la comunicación. Si lo que avanza es un proyecto que postula la concentración como una regulación de facto, no queda otra que oponerle la necesidad de que existan fuertes medios de comunicación y operadoras de telecomunicaciones y TICs públicos y de que se desarrolle el sector cooperativo y comunitario como elementos centrales de una verdadera democratización de las comunicaciones. De lo contrario, la convergencia tecnológica seguirá siendo un proceso a favor del capital y en contra de los derechos humanos y la soberanía popular.


(*) Lic. en Ciencias de la Comunicación y Dr. en Cs. Sociales. Docente de la UBA y la UNLPam, investigador del Instituto Tricontinental de Investigación Social.

[1] “Qué significa la fusión Cablevisión Telecom”, Agencia Telam, 22/12/2017 https://www.telam.com.ar/notas/201712/233091-fusion-telecom-cablevision-internet-cuadruple-play-que-significa.html

[2] Becerra, M.; Mastrini. G.; La concentración infocomunicacional en América Latina 2000-2015: nuevos medios y tecnologías, menos actores, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, Observacom, 2017.

[3] Becerra, M.; Mastrini. G.; La concentración infocomunicacional en América Latina 2000-2015: nuevos medios y tecnologías, menos actores, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, Observacom, 2017.

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