Dos etapas del macrismo en el poder

Por Rolando García (UNQ/CONICET) | rgarciabernado@gmail.com

En un artículo publicado en mayo del corriente argumentábamos:

“El punto de vista que queremos defender es que en este 2018 hubo un quiebre en las variables económicas y se profundizará en lo que resta del año. Si existía alguna posibilidad de que la política económica del gobierno mostrara resultados positivos en las variables fundamentales de la economía, quedó pulverizada con los eventos de mayo.”

Al momento de actualizar aquellas líneas es inevitable contrastar la contundencia de la afirmación citada con la situación actual. Sin embargo, la buena fortuna para aquel presagio no nos permite alegrías porque implica la multiplicación de los problemas para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país.

El hecho de que efectivamente mayo de 2018 marque un antes y un después del macrismo en el poder nos permite hablar de dos etapas. Una primera caracterizada por el sostenimiento de algunos indicadores fundamentales de la economía por la vía del endeudamiento y una segunda etapa a cuyos rasgos generales destinamos las siguientes líneas. Para el gobierno, un saldo positivo de aquella primera etapa fue el buen desempeño en las elecciones de medio término y cierta estabilidad política que les permitió gobernar con adeptos y opositores moderados durante más de dos años. Por supuesto, esos tiempos no fueron sin frustraciones para el macrismo en el poder, ya que algunos proyectos fundamentales debieron ser cajoneados, otros negociados, y sólo algunos aprobados sin mayores costos políticos (vg. la reforma fiscal). A nuestro modo de ver, primaron más las políticas sobre las que el gobierno pudo avanzar pagando costos elevados, como la reforma del cálculo previsional de diciembre del año pasado. Lo que el gobierno no pudo resolver por la vía de reformas directas, intentó aplazarlo mientras generaba mejores condiciones para imponerse, adoptando un programa de ajuste económico cuyo objetivo proclamado es disminuir el valor de la fuerza de trabajo en nuestro país.

En esta oportunidad, la propuesta es analizar al macrismo como un bloque en el poder que aún hoy, incluso luego del triunfo de octubre, enfrenta grandes dificultades para avanzar con su propio programa. Estas dificultades vienen dadas por la capacidad de resistencia de los sectores trabajadores organizados de la sociedad argentina. Como resultado, mientras el gobierno no puede avanzar frontalmente, compra tiempo por la vía financiera y “patea para adelante” una crisis económica que generará mejores condiciones para avanzar sobre derechos laborales en nuestro país, pero que a la vez genera una peligrosa inestabilidad política. En definitiva, el carácter del endeudamiento está cambiando: ya no responde al interés elemental del gobierno en sostener algunos indicadores fundamentales (por ejemplo, por la vía de la obra pública) mientras desarrolla reformas de la administración pública. La toma de deuda ahora parece tener detrás la compra de tiempo para ir generando una mejor relación de fuerza para imponer la reforma jurídica que está en el corazón del programa de cambiemos. Nos referimos a la reforma laboral. La razón por la cual el gobierno necesita aprobarla esta signada porque es la única forma viable en la que pueda lograr cierta representatividad entre la burguesía industrial que, golpeada por los aumentos de tarifas, por el tipo de cambio “atrasado” y por la descomposición de la demanda agregada, le está quitando apoyos.

Ponemos a consideración dos cuestiones centrales: la primera tiene que ver con una cierta concepción de qué está detrás de la devaluación permanente del peso, que CAMBIEMOS ha hecho una política de gobierno. Desde nuestro punto de vista, el deterioro del tipo de cambio está asociado a la imposibilidad de resolver frontalmente la disputa entre el capital y el trabajo en nuestro país, a favor del primero. En otras palabras, la razón por la cual Argentina sigue teniendo inflación anual arriba de veinte puntos, incluso cuando está en recesión, no es solamente por la traslación de las tarifas a los precios, ni por mera expansión de la base monetaria (como caracterizan los funcionarios públicos de Hacienda y Finanzas y también las autoridades monetarias, y por lo cual hoy tienen una política contractiva para la generación de nuevos pesos). Sostenemos que, al tener una economía cuyos insumos están fuertemente dolarizados, hay un elemento natural de las devaluaciones de traslación a precios pero, fundamentalmente, otro mediado por la lucha de clases[1], es decir, la capacidad del movimiento obrero organizado por pujar por actualizaciones de precios que hasta ahora no habían permitido las descomposiciones del salario que el gobierno pretende.

Una segunda posición que queremos defender implica asumir que el gobierno ya no pudo contener aquellos indicadores que, al menos hasta noviembre de 2017 estaban incentivados por el gasto público, lo que dio lugar al calificativo de “macrismo keynesiano”[2] y “kirchnerismo con buenos modales”[3] entre otros divertidos epitomes utilizados por algunos de sus más fuertes apologetas para criticar el manejo discrecional de la macro.

“Keynesianismo de derecha” es un mote a veces destinado a calificar el trabajo de síntesis entre la escuela neoclásica y la crítica keynesiana desarrollado por John Hicks. La síntesis de Hicks, normalmente punto de partida de los análisis macroeconómicos modernos no tiene mucho que ver con la política económica desarrollada por el macrismo desde su asunción a finales del 2015. Lo cierto es que quienes quieren criticar “por derecha” a Macri (es decir, exigiendo mayores políticas “pro mercado”) encuentran keynesianismo ahí donde lo que prima es improvisación e intento de contención de las contradicciones económicas entre clases bajo la forma de toma y repartija de deuda, con la que se beneficia fundamentalmente capitales financieros y, accidentalmente, algunos otros sectores de la economía.

Es por ello que hasta mayo de 2018, a casi dos años y medio de la llegada de CAMBIEMOS al poder, podían encontrarse una serie de indicadores que contradecían ampliamente la mirada de quienes, conociendo la historia de los procesos neoliberales, esperaban ver un deterioro más acelerado de la economía[4]. Resumimos rápidamente cómo se comportaron algunas variables importantes, acompañando la idea de que el gobierno contuvo la economía con una contradictoria distribución de ingresos y shock de obra pública, mientras sostenía un endeudamiento creciente en vistas de mantener una tasa de interés elevada y así contener el tipo de cambio:

  1. La actividad económica se sostuvo positiva durante siete trimestres pasado un 2016 recesivo.
  2. El producto bruto interno creció, tibiamente, durante todo el período.
  3. La medición estadística de la pobreza disminuyó, de acuerdo a la nueva metodología del INDEC[5].
  4. La medición estadística del desempleo tuvo una pequeña baja, y después retomo su valor inicial alrededor de 9,1%, sin agravarse. Hasta hubo generación de nuevos empleos.

A lo largo de este primer periodo, sin embargo, el gobierno se las arregló para instalar nuevas desregulaciones financieras, quitar subsidios a tarifas y transporte, llevar el valor nominal del peso de 9 a 16 dólares, reformar regresivamente el cuadro fiscal dando todo tipo de beneficios a las empresas que remiten ganancias y a las grandes riquezas, y quitar retenciones a los exportadores. Pero esto no fue todo, ya que durante buena parte del período mantuvo tasas de interés nominales anuales arriba del 40%, mediante las famosas LEBACS, lo que repercutía en tasas de interés reales en dólares que fueron capitalizadas vía carry trade (comprar LEBACS, comprar dólares, o bien hacer lo mismo con futuros de dólar). La utopía del liberalismo parecía cumplida: sostener un grado (aún mayor al previamente existente) de apertura comercial y financiera de nuestro país y aun así obtener resultados económicos “defendibles”. Por supuesto, se trataba de una burbuja y la misma implosionó en mayo.

El resultante de esta política fue el esperado. Como fenómeno inicial aumentó el déficit comercial, impulsado por la poca elasticidad de las importaciones y la caída en las exportaciones. Como resultado de esto, se derrumbó la recaudación y aumentó el déficit fiscal llegando a cifras históricas.

Este recetario liberal y la consecuente fragilidad externa generó el escenario devaluatorio de mayo, bien aprovechado por algunos capitales especulativos que decidieron vender sus LEBACS para comprar dólares, para luego volver a negociar con el gobierno el traspaso de dólares a pesos, esta vez con la exorbitante tasa de 70% y el aumento del valor nominal de esos mismos pesos que habían retirado antes de la corrida.

Las reservas internacionales argentinas, reconstruidas a partir del endeudamiento en dólares durante la gestión de Sturzenegger, se licuaron rápidamente en los meses posteriores. Se hizo inevitable la asistencia externa para aplazar la crisis cambiaria y evitar que se transformara en una crisis bancaria (es decir, que los ahorristas masivamente retiren sus depósitos de los bancos). En esto el gobierno tuvo la osadía de anunciar un acuerdo con el FMI incluso antes de que existiera. Finalmente, el anuncio desesperado en el marco de la corrida fue otra victoria pírrica, ya que luego de protestar y dejar entrever públicamente la desprolijidad, Madame Lagarde acordó desembolsar 50 mil millones de USD, por supuesto, sujeto a que se avanzara con un plan de ajuste.

Así se inició una segunda etapa del macrismo en el poder. Signada por un cambio en las fuentes principales del endeudamiento, que ahora se concentra en los préstamos del Fondo Monetario Internacional. Vale aclarar que no se trata de una etapa meramente analítica, es decir, un cambio político y económico que podemos asumir que existe pero que no está planteada por los actores políticos. Más bien todo lo contrario: el gobierno anunció el fin del “gradualismo” y por oposición, el comienzo del “shock”. Ahora bien, ¿Qué sucedió con el dinero prestado, al que se recurrió de emergencia para resolver la situación originada, supuestamente, por el denominado “gradualismo”?

Con el acuerdo, el BCRA dispuso de nuevos fondos para generar reservas, y contener el tipo de cambio. Luego de algunas manifestaciones en contra de la intervención del banco central en el mercado de cambios, la autoridad monetaria volvió a vender en la plaza pública dólares para contener las sucesivas corridas y, con el tiempo, activó una serie de medidas restrictivas, entre las cuales destaca el plan para “deslebaquizar” la economía. En menos de tres meses el primer desembolso del FMI se había agotado nuevamente, el volumen de reservas descendió abruptamente y el gobierno anunció (nuevamente) de forma anticipada un nuevo acuerdo, esta vez para adelantar la totalidad de los 50 mil millones, más 6 mil millones de dólares extra, que fueron acompañados de nuevas medidas restrictivas y el resonante slogan de “déficit 0”. Con el apoyo del FMI bajo el brazo, el gobierno encaró un ajuste presupuestario generalizado para el 2019, logrando acompañamiento de una buena parte de la oposición de las provincias, viabilizado por el unitarismo disfrazado de nuestra constitución.

Por el plan de “deslebaquización” es que cobraron fuerza las LeLiq. Habían sido engendradas por Luis Caputo al frente del BCRA, pero pasaron de ser un instrumento marginal orientado a capturar “sobrantes de pesos” en la economía a ser la nueva referencia de la tasa de interés. La ventaja de las LeLiq sobre las LEBACS, desde el punto de vista del Banco Central, es que las primeras sólo pueden ser adquiridas por entidades financieras autorizadas. Además, parecen moneda: se prestan sólo a 7 días. La última diferencia es que el BCRA no plantea una tasa de interés de referencia, sino un volumen determinado de LeLiq que se venden el día de la licitación, lo que implica que la tasa resulta de la “demanda” generada por estas entidades. Es decir, los bancos en “libre concurrencia” determinan la tasa de interés.

En resumidas cuentas, nuestro Banco Central está tomando deuda con bancos operadores en Argentina, a siete días, y a una tasa de interés que inició en un piso de 67%, llegando al máximo de 73,5%. Desde el gobierno intentan mantener tasas de interés reales positivas como una forma de desincentivar la actividad económica, bajo la vieja receta (también neoclásica) de desactivar la inflación a partir de liquidar el crédito y hacer inviable parte de la actividad industrial. Por eso, como aclararon desde el BRCA, conforme el tipo de cambio disminuya, la tasa puede bajar un poco, pero no puede superar el elevado piso de 60% de interés. De hecho, este es el fenómeno que se está registrando por estos días.

Desde el enfoque monetarista, el gobierno insiste con que quiere desarrollar una política restrictiva, es decir, reducir la cantidad de pesos en circulación a partir de ofrecer estas cuantiosas sumas de interés a los principales compradores. Mide el éxito del esquema en la baja del tipo de cambio. No obstante, en cada nueva licitación se genera una masa creciente de LeLiq que son renovados. Los bancos ponen sus depósitos a préstamos al Banco Central por siete días, y una vez transcurrido este breve período vuelven a prestar la suma total junto con los intereses acumulados. Puede verse entonces como las LeLiq no resuelven el problema de la megatasa de las LEBACS, sino que simplemente le permiten al gobierno “ganar tiempo” a un costo financiero elevadísimo.

El impacto de esta tasa de interés es fundamental en toda la economía: destruye todos los mecanismos de crédito, y retroalimenta el ciclo que estamos describiendo. Eventualmente, todo ese dinero creado, que aún no es base monetaria porque está en la esfera del BCRA, tiene que abandonar la esfera del BCRA y, al carecer de capacidad de resguardar valor, el mismo traspaso a dólares de estos millones de pesos generados producirá una nueva devaluación. Se trata de un sistema perverso que está incubando una crisis económica de magnitud. La pregunta no es si habrá crisis o no, sino cuándo se le agotarán los recursos al gobierno para aplazar el impacto de esta política monetaria. En algún momento, este dinero para valorizarse tiene que transferirse a dólares, lo cual sólo puede redundar en el final descripto, o bien ser apalancado con nuevos y estrafalarios activos financieros que alimenten el ciclo de endeudamiento. La forma en que se resuelven estas burbujas es con destrucción de capital y transferencia directa de ingresos desde sectores con menor poder de negociación a otros mejor posicionados (por ejemplo, desde el congelamiento de los fondos de los ahorristas, o con nacionalizaciones de deuda privada, por la compra estatal de empresas en bancarrota, etc.).

La determinación del final de este proceso no es abstracta, es decir, no hay un límite económico para el nivel de endeudamiento que nuestra economía puede absorber. No alcanza con comparar los ratios de deuda/PBI del momento actual y el previo a la crisis del 2001 (que se encuentran en valores similares, mientras que los cálculos del año 2002 estiman un ratio de 160% contra el 80% actual). No obstante, esto tampoco significa que la situación actual puede repetirse sin límite. La capacidad de endeudamiento de nuestro país, de hecho, está atada a la voluntad de los prestadores a seguir sosteniendo artificialmente el tipo de cambio mediante tasas de interés de saqueo. El problema está en que, por el mismo acuerdo con el FMI, el dinero prestado puede utilizarse para cubrir al tesoro. Es decir, es deuda contraída para pagar intereses de deuda. Es cierto que parte de la política contractiva llegó a implicar que por primera vez en años el tesoro compró dólares al BCRA, es decir, redujo de manera directa un pequeño porcentaje de la base monetaria. Esto es resultado del mecanismo distorsivo de las LeLiq, como lo es la baja del tipo de cambio. Pero al no resolverse la situación de fondo (la carestía de dólares), es difícil imaginar otra salida a esta situación que no sea una crisis de dimensiones históricas.

Mientras tanto, al gobierno se le agota el tiempo para generar la relación de fuerza que le permita evitar esta resolución. Tal vez pueda ganar tiempo suficiente para llegar con aliento a las elecciones de 2019, consolidar un armado político que le garantice conservar el gobierno y continuar con los trazos gruesos del ajuste. No obstante, no parece sencillo, puesto que con el cambio de etapas cambia parcialmente la función de la deuda, yendo desde el financiamiento a la obra pública que sostiene la actividad económica, hacia el pago de intereses que sólo prolonga la capacidad de endeudarse. Por lo tanto, los ciclos devaluadores parecieran ser cada vez más cortos. En ese sentido sigue vigente lo que planteábamos de forma general en mayo:

“Entendemos que lo fundamental para el programa económico del gobierno es, tal como lo expresan sus funcionarios y dirigentes, “bajar el costo laboral”, para hacer más apetecible a nuestro país frente a las inversiones extranjeras. Esto implica, de mínima, cerrar paritarias a la baja, de máxima reformar las condiciones laborales nacionales para “flexibilizar” la contratación del trabajo industrial, comercial y de servicios. Si aceptamos este punto de vista, otra pregunta válida sería: ¿si al menos un 25% de la población vive en la pobreza y casi un 10% es desocupada, porque no pueden las empresas ofrecer puestos de trabajo que sean “tentadores” para esta población vulnerable? Parece razonable. Sin embargo, las condiciones jurídicas nacionales sólo permiten hasta cierto punto hacer la vista gorda en las condiciones de explotación de la fuerza de trabajo y suprimir la legalidad vigente. Si una empresa extranjera quiere hacer inversiones productivas en nuestro país, no puede contratar a toda la mano de obra en negro y pagarle un salario que empate la canasta básica. Esto es resultado de la tradición de lucha del movimiento obrero nacional, la sindicalización, y el conocimiento de los trabajadores y trabajadoras argentinas de sus propios derechos. Por lo tanto, el programa de máxima del gobierno es realizar una reforma que cambie la forma legal de contratar fuerza de trabajo para que las empresas puedan explotar a sus trabajadores con una legalidad más permisiva. Una legalidad que permita contratar y despedir libremente. De esta forma, vengan o no inversiones extranjeras, igual contentarían a un amplio sector empresarial extranjero ya radicado en el país, a empresas del sector financiero, a empresas ancladas en la minería y el petróleo, y –hay que decirlo- seguramente a muchas PyMES. La reforma laboral es la mejor manera que tiene CAMBIEMOS de reconstruir apoyos entre el empresariado.”

La tarea política del gobierno de Macri después de la megadevaluación de mayo-junio es contener el aumento de los salarios de los trabajadores. La recomposición salarial es el factor que retorna la devaluación al momento inicial, ya que implica que el salario real no se deteriora, o se deteriora de forma insuficiente para contener las necesidades de acumulación de nuestra industria reconvertida durante los años noventa. El único precio que no tiene que aumentar para que el gobierno cumpla parcialmente con sus objetivos es el de la fuerza de trabajo. Como contrapartida de esto, si bien no se puede movilizar contra el tipo de cambio, cualquier devaluación puede ser recompuesta a través del incremento salarial. Para que eso siga sucediendo, los sindicatos deben mantener su poder de artillería. En ese sentido, las novedades respecto de grandes gremios cerrando paritarias arriba del 40%, como camioneros, aceiteros, bancarios, pasteleros, etc., abonan a la profundización de la estructura dual de nuestro país, pero además confirman la continuidad del mecanismo de devaluaciones nominales, con retrocesos del salario real paulatinos, y financiarización de la economía para sostener el tipo de cambio.

Mientras tanto, los cierres de industrias locales colaboran en aumentar el desempleo, deteriorando la capacidad de negociación de la clase obrera y generando mejores condiciones para reformas regresivas. Basta con recordar que en el último mes la actividad industrial cayó 11,5% y cerraron o despidieron personal fábricas y comercios a lo largo y ancho del país (Alpargatas, 3 arroyos, CANALE, Credimás, Perssico, Honda, Motomel, Metalúrgica Tandil, Gaelle, etc.). Es esperable un aumento del desempleo y la profundización de las economías de plataformas digitales (“modelo Rappi”) que multiplican el empleo precario escapando (al menos por el momento) a las legislaciones sujetas a sindicalización. Esto es parte del plan del gobierno para corregir la relación de fuerzas a su favor. Lo que está en duda es si llega primero el ajuste por la vía de la modificación de la forma de contratar trabajo y las condiciones laborales, o la crisis cambiaria, bancaria y financiera.

 

Construir las alternativas

La política argentina es sumamente dinámica: los escenarios y las alianzas pueden cambiar muy rápido. Sin embargo, esto está lejos de significar que no se puedan hacer pronósticos, o que la política en nuestro país no tenga determinaciones sociales. Más bien lo contrario: cuando no puede resolverse la disputa entre clases es que abundan las “pruebas y errores” de la política y se multiplican los parches en la economía. Por ejemplo, la situación de máxima fragilidad de nuestra moneda puede develar un proceso de rápido deterioro, incluso devenir en una espiral hiperinflacionaria de precios. También, dentro de los escenarios más inciertos, es posible una nacionalización de hecho de los depósitos y su reemplazo por un bono compulsivo a quienes tenían ahorros en los bancos, para “resolver” la bomba de las LeLiq de un modo favorable al capital bancario y financiero. Estas cuestiones, impensables para muchas otras economías en el mundo, en Argentina no sólo son posibles, sino que ya pasaron hace poco tiempo, y pueden volver a suceder.

También es cierto que, pese al deterioro económico, la voluntad férrea del FMI de sostener al macrismo en el gobierno puede financiar un triunfo electoral del gobierno en Octubre, lo que daría lugar a un ciclo de mayor saqueo, especulación financiera y deterioro institucional en el país. Es por ello que ante la necesidad de construir  una opción política casi ningún actor está dispuesto a quedarse por fuera. Entran aquí tanto quienes noblemente quieren aportar a un gobierno de naturaleza disruptiva, como quienes se han quedado fuera del banquete con el cambio de autoridades y desean volver a controlar alguna parte del aparato del Estado. Es por ello que nada positivo esta automáticamente garantizado por la mera unión de los distintos.

Es destacable que en muchos sectores del campo popular la pretensiones hacia el 2019 no se agotan en derrotar al gobierno, sino que se busca engendrar un nuevo ejecutivo que no cometa los mismos errores que los del kirchnerismo. Aparece, como balance de una generación, la necesidad de fomentar la formación de cuadros técnicos y políticos que representen adecuadamente a los distintos sectores de la sociedad, que puedan trabajar con conocimiento de causa y con ambición por desarrollar una política pública que sea más transformadora que consignista. Una política que aborde los grandes déficit que acarreamos como nación: la necesidad de una reforma agraria en beneficio de los que producen, de una reforma federal para romper con el centralismo porteño, la incorporación plena de las demandas del feminismo, la creación de empleo digno y de calidad -bajo la modalidad jurídica que mejor lo permita: cooperativas, fábricas sin patrón, empresas estatales, empresas mixtas-, la necesidad de retomar el control sobre nuestros recursos hídricos y ambientales, de nuestro comercio exterior y nuestro sistema público de finanzas para el bien social, entre muchas otras. Todas estas tareas deben ser parte del programa de un gran frente patriótico, que requieren compromiso militante y capacidades técnicas y políticas que aún tenemos que desarrollar como pueblo. Es nuestra responsabilidad formarnos para lograr estar a la altura de esta histórica demanda.

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[1] Ver Adrián Piva “Economía y política en la Argentina kirchnerista”, Batalla de ideas, Buenos Aires: 2015.

[2] https://www.clarin.com/opinion/macri-vidal-regreso-macrismo-keynesiano_0_SJ_z0ZtSb.html

[3] https://www.elintransigente.com/politica/2018/7/4/este-gobierno-es-kirchnerismo-con-buenos-modales-hasta-los-pierden-con-las-cosas-que-dicen-498727.html

[4] Tal vez esto fue la base para un error de enfoque del principal espacio de la oposición, que buscó hacer mella en el deterioro económico que vivían los sectores más excluidos de nuestra sociedad, pero que no había afectado aún fuertemente a su histórica base social, los“sectores medios” y por lo tanto, no tuvo la repercusión esperada.

[5] Existen quienes objetan la metodología. Sin embargo, aplicando el mismo criterio de “igual método para el pasado” podemos observar que la evolución del índice de pobreza es negativa. Sin embargo, vale decir que otros sectores más vinculados a la oposición política han manifestado sus dudas y llegado a postular que hay tergiversación en los datos. No creemos que sea el caso porque el indicador coincide con los demás que analizamos a la largo de lo que estamos llamando primera etapa. Tampoco estamos defendiendo una metodología determinada de medición de la pobreza por ingresos, que es sabido que tiene muchas limitaciones para reflejar la pobreza estructural que azota a buena parte de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país.

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